En el marco de dar prioridad a la prioridad, aún no se observaron acciones planificadas que puedan mitigar los principales problemas de las comunidades del Alto Paraná.
En teoría, los gobiernos departamentales son los encargados de establecer esas acciones oficiales en los municipios que por la condición de pobreza, dependen de ella, y de la buenaventura.
La Gobernación del Alto Paraná tiene, o debería tener, una absoluta certeza de las situaciones socioeconómicas de los distritos, y por ende desarrollar programas que apunten al progreso necesario para que la pobreza material sea combatida con la seriedad debida.
En el departamento hay varios municipios que se destacan por sus altos índices de pobreza, especialmente en áreas rurales, siendo este un dato manejado hace décadas, y en el mismo rigor, obviados hace añares por autoridades nacionales y regionales.
Por citar algunos: Mbaracayú sigue con acceso limitado a servicios básicos como agua potable y saneamiento, falta de infraestructura educativa adecuada, especialmente en zonas fuera del casco urbano, necesidad de mejoras en la atención de salud, ya que las instalaciones suelen ser insuficientes y de difícil acceso, así como problemas con el acceso a vías de comunicación, lo que dificulta el transporte de productos y personas. Itakyry históricamente tuvo necesidades por la dependencia de la agricultura de subsistencia, con poca diversificación económica, escasez de servicios de salud y educación, con una elevada tasa de deserción escolar. Al tener deficiente acceso a programas de desarrollo rural y asistencia técnica para mejorar la productividad agrícola, no es extraño que proliferen acciones ilegales disfrazadas con el agrícola, y la también repetida infraestructura vial inadecuada.
En Santa Fe del Paraná, hay déficit en el acceso a servicios de salud de calidad e insuficientes oportunidades laborales, lo que genera migración de jóvenes a otras zonas. A la falta de proyectos de desarrollo sostenible que involucren a la comunidad, se suma la baja inversión en infraestructura pública. Y así se puede ir repitiendo necesidades en San Alberto, Ñacunday y otras comunidades.
En general, la pobreza en municipios está vinculada a la falta de inversión en infraestructura básica, educación, salud y empleo, por lo que la claridad de los inconvenientes debería llevar a medidas adecuadas caso por caso, sin mayor problema.
Las soluciones a largo plazo deben enfocarse en el desarrollo rural sostenible, la mejora de los servicios públicos y la creación de oportunidades económicas locales. Ocuparse de realidades es obligación primera del gobierno departamental, que en conjunto con los intendentes debe priorizar lo realmente urgente, dejando de lado nimiedades, y la podredumbre de la corrupción que ancla a la pobreza innecesaria.
Hay una tremenda deuda pendiente con los distritos fuera de las cabeceras, que las actuales autoridades deben corresponder. La mediocridad en gestión hace de líderes inservibles, por lo que no se vislumbra muchas diferencias, al menos al juzgar por lo actuado hasta la fecha.
Los reclamos ciudadanos son todos válidos, pero principalmente de aquellos donde lo básico no existe o es insuficiente. La autogestión de los entes autárquicos donde ni siquiera alcanza para una obra de envergadura, debe a llevar a la justicia en materia de distribución de acciones públicas e inversiones sociales. Solo así se podrá apostar el equilibrio en crecimiento y a la sostenibilidad de progresiones para bien de los altoparanaenses en general.
