En la acusación hecha por el Ministerio Público al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, por lesión de confianza y asociación criminal, en el caso de distribución ficticia de kit de alimentos en la pandemia del Covid-19, que involucra al comercio denominado “Tía Chela”, está también, fuertemente ligado, el actual concejal municipal, Sebastián Martínez. Este, cuando fungía de director de Desarrollo Social, hizo la vista gorda a claras violaciones a las leyes cometidas por la referida firma comercial.
El pasado miércoles 19 de junio, los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, acusaron al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos y pidieron elevar la causa a juicio oral y público. Otras diez personas de su entorno cercano, también están procesadas por el caso de los kits alimenticios ficticios, comprados en plena pandemia del coronavirus por un millonario monto del pequeño autoservice “Tía Chela”. En línea directa, en cuanto a la responsabilidad penal por este hecho punible, se encuentra el actual concejal municipal, Sebastián Martínez, servil a Prieto, de acuerdo a lo que refiere carpeta fiscal. Esta acusación expone que; Martínez, en su calidad de director del departamento de Desarrollo Social, violó voluntaria y abiertamente, disposiciones legales establecidas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
“El Pliego de Bases y Condiciones (PBC) para la presente contratación, no contenía requisitos de evaluación y calificación, como ser, Capacidad Financiera, Técnica y de Experiencia. Se realizaron invitaciones a potenciales proveedores, que no reúnen condiciones mínimas para el cumplimiento contractual y vinculadas entre sí. Se descubrieron inconsistencias en los criterios evaluados del Informe de Evaluación de Ofertas, en los aspectos de Capacidad Financiera, Técnica y de la Experiencia”, expresa parte de la investigación explayada en la carpeta fiscal.
Al referirse al hoy concejal municipal, los fiscales investigadores sostienen que el mismo hizo caso omiso a las exigencias establecidas en las normativas vigentes en cuanto a los requisitos que deben tener las oferentes. Sin embargo, se omitieron deliberadamente pasos fundamentales para la comisión de hechos punibles, agrega otra parte de la investigación. “Resulta más que claro, que deliberadamente se omitió lo concerniente a la capacidad técnica, financiera y de experiencia. El único requisito cumplido con la empresa adjudicada con el contrato exigido por la Municipalidad de Ciudad del Este, como ‘experiencia’, era que se hallare vinculada con la comercialización al por mayor o menor en mercados, supermercados o mini mercados”, revela otra parte de la acusación.
De ex profeso, el edil esteño, quien también fue parte integrante del comité evaluador, pasó por alto los requisitos que los directivos de “Tía Chela” debieron cumplir y no lo hicieron. “En ese contexto, el día 23 de marzo del 2020, el Comité de Evaluación, compuesto por los directores municipales, el economista Sebastián Martínez, director de Desarrollo Social y José Félix Cáceres, jefe de Desarrollo Comunitario, se reunió para evaluar la única oferta presentada por Tía Chela SRL, expidieron favorablemente respecto a la adjudicación a Tía Chela SRL, del contrato por un valor de G. 2.949.650”, expone la acusación planteada por los tres fiscales de la causa.
