Uno de los secuestradores de la brasileña Sandra Maceda, que había sido beneficiado con prisión domiciliaria por un juez, volverá a la penitenciaría luego de revocarse la medida judicial que lo beneficiaba. Una comitiva allanó su vivienda el jueves a la tarde la colonia Puerto Indio y lo detuvo de nuevo. El plagio había ocurrido en agosto del 2021, en el distrito de Mbaracayú, al norte del Alto Paraná.
Luego de la apelación presentada por la fiscal antisecuestro Zunilda Ocampos y el abogado de la querella Derlis Martínez, el Tribunal de Apelación-Segunda Sala, resolvió admitir el recurso y revocar la resolución anterior por lo que Hernán Barreto González deberá volver a la Penitenciaría Regional de CDE por el peligro de fuga.
Al conocerse la decisión, una comitiva judicial y policial se constituyó en la casa del procesado y lo volvió a capturar para trasladarlo a la cárcel, donde deberá permanecer preso aguardando el juicio oral y público fijado para el 12 de febrero de este año.
ANTECEDENTES DEL CASO
Según la investigación, Barreto habría sido uno de los cuatro sujetos que interceptaron a la víctima Sandra Maceda y luego la llevaron a la fuerza hasta un lugar de cautiverio, donde permaneció por tres días.
Los captores pidieron a la familia de Maceda la suma de USD 250.000 para su liberación, monto que no se pagó porque los agentes antisecuestro lograron ubicar la casa donde permanecía privada de libertad y lograron rescatarla sana y salva.
En la causa también están procesados por secuestro, extorsión, extorsión agravada, privación de libertad, coacción grave y asociación criminal, German Barreto Ocampos, Blanca González, Pablo González Flores, Joel Andrés Gaona Ferreira y Alan Schuster Pfeiffer. Se encuentra prófugo Marcos González Flores, quien fue declarado en rebeldía por el juzgado Penal de Garantías de Minga Porá.
INDIGNACIÓN DE LA VÍCTIMA
La decisión del tribunal integrado por el juez Diego Duarte Espínola y sus colegas Gloria Vera y Margarita Martínez, de liberar al procesado Barreto, luego de ofrecer una fianza real de G. 100 millones, causó mucha indignación e impotencia a la afectada.
