El informe de la Contraloría General de la República (CGR), tras las auditorías realizadas a los periodos 2021 y 2022, de varias municipalidades del país, derivó a la remisión de esos documentos al Ministerio Público, pues varias irregularidades detectadas son punibles y merecen una investigación penal. En el grupo están al menos 6 municipios del Alto Paraná.
El contralor general Camilo Benítez, indicó que desde finales de julio está remitiendo los informes de auditorías al Ministerio Público y las comunas del Alto Paraná que fueron denunciadas son Iruña (Arnaldo Mensch – PQ), Presidente Franco (Roque Godoy – PLRA), Minga Guazú (Diego Ríos – Yo Creo) y Ciudad del Este (Miguel Prieto –Yo Creo). Los colorados Nelson Cano de Hernandarias y Rafael Ramírez de Ñacunday, también integran la lista.
Uno de los puntos controlados es la distribución del almuerzo escolar, según el contralor Benítez y en la región, el equipo de ReAcción Paraguay, ha presentado informes detallados con respaldo documental sobre el manejo de los recursos destinados a la alimentación de niños en edad escolar, principalmente contra los municipios que están en el área metropolitana del décimo departamento.
En el caso de Ciudad del Este, en el año 2022, el intendente Prieto había mencionado que fueron beneficiadas 4.991 niños en 12 instituciones educativas, con una adjudicación por valor de G. 6.251.227.500. Por entonces, el jefe comunal esteño había dicho que disminuyeron los costos de los alimentos para llegar a más escuelas.
En Minga Guazú, el intendente Diego Ríos fue cuestionado por el precio de obras viales realizadas en el distrito y este año, le aprobaron su balance correspondiente al año 2022 con 8 votos a favor y 4 en contra, pero recién ahora están pidiendo, los del bloque colorado, un asesor externo para que revise la gestión de intendente minguero. Admitieron que la aprobación la hicieron sin ningún documento respaldatorio.
En Iruña, la gestión de Arnaldo Mensch está bajo la lupa, también por los costos de obras realizadas, según indicaron algunos concejales de Iruña. En tanto, en Ñacunday, la gestión de Rafael Ramírez, también está bajo la mira del Ministerio Público por los precios de obras y también habían denunciado lo relacionado a las transferencias al sector privado.
PRESIDENTE FRANCO Y HERNANDARIAS
En Presidente Franco, el intendente Roque Godoy siempre fue blanco de cuestionamientos severos de parte de algunos colorados, entre ellos el concejal Hugo Mendoza, quien numerosas ocasiones llevó documentos a la CGR, pidiendo la intervención de la comuna, a cargo del liberal Roque Godoy.
Uno de los puntos cuestionados fue la utilización de combustibles, logrando incluso, en noviembre del año pasado, una adenda por G. 300 millones, pero tales gastos no condicen con la operatividad del parque automotor de la comuna.
Las transferencias al sector privado, como las comisiones vecinales y las contrataciones por la vía de la excepción que, según la denuncia, se hizo violando la Ley, son algunos de los puntos que fueron denunciados contra la gestión del intendente franqueño.
En Hernandarias, también hay numerosas críticas a la gestión de Nelson Cano y el año pasado, uno de los casos más polémicos fue el supuesto pago irregular a la Iglesia Dios del Paraguay un monto de G. 3.900 millones. Por el caso, el jefe comunal fue denunciado ante la fiscalía de Hernandarias por estafa, lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.
Las construcciones con recursos del Fonacide que fueron dejadas a medias, pésima calidad de obras y pedidos que nunca fueron atendidos, también son puntos que salpican la gestión de Cano y que fueron denunciados públicamente por contralores de estos trabajos.
