En los primeros días del año 2025, los casos de violencia familiar fueron la constante en las crónicas policiales y las unidades especializadas del Ministerio Público, sin embargo, las instituciones no cuentan con elementos suficientes para hacer frente a este flagelo y una de las principales falencias es la limitación de recursos humanos. En la unidad de feria, en un solo día llegaron a atender 41 denuncias de mujeres golpeadas por sus parejas.
Las estadísticas dadas a conocer por la Fiscalía a finales del año pasado no son nada favorables, ya que en el año 2023 se atendieron 34.898 denuncias y en el 2024 el número subió a 37.634 denuncias recibidas. A todo esto, se sabe que existe un subregistro, porque muchas víctimas optan por no denunciar nada, ya sea por una dependencia económica o emocional.
En Ciudad del Este, la unidad especializada de feria recibió en un solo día 41 denuncias por violencia familiar, donde el 98% de las víctimas fueron mujeres. Pero la gran mayoría de ellas se retractó, minimizó o pretendió retirar la denuncia para que sus parejas recuperen la libertad, según se informó en la institución.
Son tres unidades especializadas en la capital departamental y en estos primeros días del año ya están marcando entrevistas con las víctimas para los meses de mayo y junio, atendiendo a la sobrecarga de trabajo que tienen y la limitación de personal, infraestructura y logística. El Ministerio Público cuenta con un presupuesto limitado y muchas actuaciones de los fiscales son costeados de su peculio personal, para avanzar en las investigaciones.
TRABAJO PRECARIO Y REBASADO
El Ministerio Público del Alto Paraná cuenta con cuatro psicólogos, de los cuales solo dos están asignados para la contención a las víctimas, siendo que además deben atender los casos remitidos por la unidad especializada contra hechos punibles contra niños y adolescentes. A todo esto, la escasa cantidad de profesionales también debe atender los casos de las unidades zonales y no dan abasto.
Esta época del año es donde se dan mayormente los hechos de violencia familiar, por la mayor ingesta de bebidas alcohólicas, la escasez de dinero luego de las fiestas de fin de año y la cuestión cultural que hace que las restricciones impuestas a los agresores sean fácilmente incumplidas, por el nulo o insuficiente control por parte de la Policía Nacional.
“Nosotros requerimos una tarea interinstitucional con el Ministerio de Salud, a través del Programa de Salud Mental, pero también está colapsado, ellos también requieren más psicólogos y psiquiatras, tanto para los agresores como para las víctimas. En nuestra institución necesitamos psiquiatras y psicólogos forenses, también está el Ministerio de la Mujer, que igualmente tiene una cantidad limitada de profesionales”, explicó la fiscal de feria Estela Mary Ramírez.
Esta falta de recursos que revelan las instituciones, pone en duda la seriedad y la eficiencia de las investigaciones, ya que la demora en realizar procedimientos fundamentales para proteger a las víctimas ya tuvo consecuencias fatales. En Alto Paraná, los psicólogos forenses indicaron que hacen el trabajo de al menos 10 profesionales, entre evaluaciones, pericias, juicios orales y otras acciones que exigen la investigación, pero que se hace con mucha demora.
