De G. 7.050 que costaba el plato de comida para los escolares de Ciudad del Este el año pasado, este 2024 tuvo un llamativo incremento de G.10.400, lo que hace sospechar que el sobrecosto pararía en los bolsillos del jefe comunal de esta localidad, Miguel Prieto (Yo Creo). Las sospechas aumentan teniendo en cuenta que las mismas empresas gastronómicas, muy cuestionadas por varias comunidades educativas, fueron de vuelta adjudicadas por el jefe comunal.
Estos dos factores son tenidos en cuenta para dudar de la gestión del intendente, ya que no existe otra tesitura en cuanto a que las mismas empresas, denunciadas por incumplimientos y mala calidad de los alimentos en repetidas ocasiones, de vuelta fueron adjudicadas por la comuna esteña. El proceso de licitación para la compra de almuerzo escolar comenzó en diciembre de 2023 y culminó este mes con la adjudicación a la empresa FASV Import. Export, cuya propietaria es la conocida seccionalera María Fátima Sartorio Vanni. La otra firma adjudicada por Prieto es la Panadería Maná, de Isabel Petrona Gómez Cabrera, situada en la ciudad del Hernandarias, lo que hace suponer que todo el proceso fue contaminado para favorecer a estas dos empresas, donde el mayor ganador de esta dudosa adjudicación sería el intendente de Ciudad del Este.
De acuerdo a los datos, las ofertas fueron entregadas por las referidas empresas el pasado 26 de enero, pero recién en este mes el proceso concluirá, por lo que recién en los primeros días de abril comenzaría la distribución de los alimentos en los diferentes centros educativos públicos de la capital departamental. El monto aproximado, que se desprende de los recursos del Fonacide, sería de unos G. 13.000 millones.
De este monto, la firma FASV fue adjudicada con G. 9.111 millones, mientras que Maná se llevaría los restantes G. 4.099 millones. Con estas referencias, es evidente que el esquema montado por el jefe comunal, de vuelta fue hecho de modo a darle un ropaje legal a las comisiones que dejarían estas empresas en los bolsillos del mismo. Tanto FASV como Maná fueron denunciadas en innumerables veces por comisiones de padres y de algunos directores de las escuelas públicas, por la mala calidad de los alimentos entregados y por no ajustarse a las normas de nutrición y de salubridad que requiere la prestación de este servicio.
Ambas firmas ofertaron a G. 10.400 el costo de cada plato de comida, por lo que no hubo objeción para que presten el servicio alimentario en las escuelas. La entidad contralora del ejecutivo es la Junta Municipal, donde se encuentran los siete concejales serviles de Miguel Prieto, quienes aprobaron el proyecto a ojos cerrados, sin tener tan siquiera en cuenta el sobrefacturado monto emitido en cuanto al precio unitario de los alimentos.
