
La contratación de la empresa Geocad por parte de la administración Miguel Prieto, fue parte de un montaje con la finalidad de convertirlo en un “negociado”, según las sospechas de los integrantes de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este.
Según la Lic. Magdalena Montiel, de la referida organización, “lamentablemente, todo este esquema se hizo para defraudar el dinero de los contribuyentes. Contrataron una empresa con costos sobrefacturados, no se sabe si se hizo o no el trabajo, y tampoco el trabajo de mensura sirvió para solucionar el conflicto de tierras existentes en la finca conocida como 66. Existen serios problemas de titulación en ese lugar y lo que sospechamos es que la municipalidad quiso quedarse con todas esas tierras para luego negociar con terceros o empresas muy pudientes, tal como ya existen antecedentes. La sospecha más fuerte es que no hubo ninguna intención de solucionar el conflicto, sino de convertirlo en un rentable negocio para el intendente y su entorno, tal como lo viene haciendo desde hace tiempo”, explicó.
La dirigente civil expuso su preocupación por el lento proceso judicial para aclarar los hechos. “En un país mínimamente serio, el intendente de Ciudad del Este ya hubiera estado privado de libertad o, cuanto menos, separado del cargo. Lamentablemente, no ocurre esto, por lo que mientras el intendente siga en el cargo, los hechos de corrupción seguirán cometiéndose. Lo peor, Miguel Prieto se mantiene en su puesto debido a las chicanas y al blindaje que le da cierto sector de la Justicia. Mientras siga la impunidad, lamentablemente se seguirán teniendo hechos de corrupción en la Municipalidad de Ciudad del Este”, cuestionó.