Durante todo el año 2024, la Municipalidad de Presidente Franco contó con la «colaboración» de un funcionario de la Contraloría General de la República (CGR), sin que ello se tradujera en una mayor transparencia en la administración comunal. Por el contrario, la gestión del intendente Roque Godoy (PLRA) continuó esquivando las auditorías y evadiendo los numerosos pedidos de informe presentados por la Junta Municipal, especialmente por el concejal opositor Hugo Mendoza (ANR).
Nuestro diario accedió a la Resolución CGR Nº 083, de fecha 1 de febrero de 2024, firmada por el contralor general Camilo Benítez, en la que se autoriza la comisión interinstitucional del funcionario de la Contraloría, Víctor Manuel Torres Cardozo, a la Municipalidad de Presidente Franco. La solicitud fue presentada por la propia Intendencia el 17 de enero de 2024, en un pedido que menciona explícitamente el nombre del funcionario. Sin embargo, la resolución no detalla cuáles eran las funciones específicas que Torres Cardozo debía desempeñar en la comuna.
El hecho de que un funcionario de la Contraloría haya sido solicitado de manera tan precisa y que, a pesar de ello, la institución contralora no haya realizado ninguna auditoría en la municipalidad durante su gestión, ha generado fuertes sospechas de un posible «pacto de no agresión». Estas dudas se refuerzan con la injerencia del senador Dionisio Amarilla, quien mantiene una estrecha relación con Roque Godoy y cuya esposa fue directora de Declaraciones Juradas en la Contraloría. Fuentes indican que Amarilla habría obstaculizado cualquier intento de someter la administración de Godoy a auditorías o exámenes especiales.
Las denuncias del concejal Hugo Mendoza sobre presuntas irregularidades en la municipalidad no han sido atendidas por la CGR. En julio del año pasado, el edil solicitó formalmente una investigación sobre las obras de refacción del polideportivo municipal, tras un escándalo de sobrecostos y presuntas licitaciones amañadas. No obstante, la Contraloría hizo caso omiso al pedido, alimentando aún más las sospechas de una protección institucional a la gestión de Godoy.
ANTECEDENTES OSCUROS DEL
FUNCIONARIO COMISIONADO
El funcionario comisionado, Víctor Manuel Torres Cardozo, ya había sido señalado en el pasado por supuestas irregularidades académicas. En 2015, una investigación periodística del diario Abc Color reveló que el mismo aprobó 43 exámenes universitarios en un solo día en la Universidad Americana, logrando obtener su título de Ingeniería Comercial en apenas cuatro meses. Posteriormente, también se atribuyó una licenciatura en Administración de Empresas y Gestión Empresarial en la misma casa de estudios, aunque no existen registros oficiales de su inscripción en esta carrera.
El excontralor Óscar Rubén Velázquez denunció el caso al detectar graves inconsistencias en los documentos de respaldo. Según el certificado de estudios de Torres Cardozo, logró aprobar materias de noveno semestre en el año 2003, a pesar de haber ingresado recién en 2004, lo que evidencia un claro fraude académico. Además, su nombramiento en la Contraloría en 2012 se dio por recomendación del entonces diputado liberal Fernando Oreggioni, quien habría solicitado un salario de 5 millones de guaraníes para el funcionario.
Con estos antecedentes, el comisionamiento de Torres Cardozo a la Municipalidad de Presidente Franco no solo resulta sospechoso, sino que refuerza las dudas sobre la relación entre la administración de Roque Godoy y la Contraloría General de la República. La falta de auditorías y la opacidad en la gestión municipal apuntan a un esquema de protección mutua, en el que la fiscalización queda relegada en beneficio de acuerdos políticos.
