En un hecho llamativo y altamente sugestivo, un reducido grupo de abogados agremiados se manifestó ayer en la sede del Palacio de Justicia de Ciudad del Este con escasa convocatoria, alegando defender la independencia del Poder Judicial. Sin embargo, el verdadero trasfondo de la protesta parece ser la vehemente defensa de tres cuestionados camaristas, quienes recientemente quebrantaron los ordenamientos jurídicos para favorecer al abogado Walter Acosta, imputado y actualmente encarcelado por agredir brutalmente a una funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología.
Los jueces Raúl Insaurralde, Efrén Giménez y Marta Acosta, desoyendo toda normativa legal, permitieron a Acosta litigar en la clandestinidad e incluso le levantaron la orden de captura dictada por el juez santarriteño Bernardo Silva. La insólita decisión generó un fuerte repudio de diversos sectores, incluyendo al Senado, la Procuraduría General de la República y la propia Corte Suprema de Justicia, que ordenó una auditoría del caso.
Lo más llamativo es que los manifestantes, aparentemente instigados por los mismos camaristas y por la Asociación de Magistrados del Alto Paraná (Asomap), atacaron ferozmente a quienes exigen sanciones para los jueces. La postura de estos abogados resulta sospechosa, ya que su enérgica defensa de los magistrados pone en duda sus verdaderas motivaciones. ¿Se trata realmente de una cruzada por la independencia judicial o estamos ante un claro caso de favores judiciales a cambio de lealtad?
La abogada Amambay Ferreira Lugo, exdirectora de Asuntos Legales del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, fue una de las figuras más visibles en la manifestación. Su presencia despierta aún más sospechas, dado su vínculo con Jorge Bogarín, exmiembro del JEM, declarado significativamente corrupto por el gobierno de los Estados Unidos. En ese sentido, las conexiones entre ciertos abogados y magistrados ponen en entredicho la transparencia y la imparcialidad del sistema judicial.
ABSURDA JUSTIFICACIÓN
La polémica resolución de los camaristas se basa en la absurda justificación de que el abogado Acosta «manifestó su intención de someterse a la justicia», pese a haber estado en rebeldía. La jueza Lici Sánchez advirtió que esto podría sentar un peligroso precedente que permitiría a otros imputados litigar desde la clandestinidad. Por su parte, el ministro de la Corte Gustavo Santander Dans ordenó una auditoría sobre casos similares, cuestionando la creciente tendencia de jueces penales de ejecución a permitir que procesados sigan litigando sin presentarse ante la justicia.
A todo esto, los manifestantes también dirigieron su furia contra el procurador general de la República, Marco Aurelio González, quien presentó la acusación contra los camaristas. De manera infundada, los abogados alegaron que González actuó bajo presión de la primera dama Leticia Ocampos, por su supuesta relación política con la funcionaria agredida. Esta desesperada línea argumentativa solo refuerza la sospecha de que los manifestantes tienen intereses particulares en juego.
Cabe recordar que entre los defensores de los jueces también se encuentra el ministro de la Corte Suprema, Víctor Ríos, quien comparte afinidad política con los camaristas cuestionados. Todo esto refuerza la sensación de que no se trata de una lucha por la independencia judicial, sino de un intento desesperado por proteger a magistrados que, lejos de impartir justicia, favorecen a imputados con expedientes oscuros.
