La semana pasada la Corte Suprema de Justicia confirmó al juez Humberto Otazú para entender en la causa abierta contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo). Al respecto, la Lic. Magdalena Montiel, miembro de la Contraloría Ciudadana, afirmó que se deben modificar las leyes vigentes de modo a impedir que funcionarios y administradores de los bienes públicos corruptos; no ejerzan nunca más cargos electivos ni administrativos.
Tras la determinación de la máxima autoridad judicial del país, el citado magistrado fue habilitado para entender en el caso “Tajy”, donde supuestamente hubo un daño patrimonial de unos G. 300 millones contra la Municipalidad de Ciudad del Este. En la causa están acusados el intendente Miguel Prieto y varios de sus colaboradores cercanos, entre ellos, concejales municipales. Este hecho motivó a Montiel a emitir algunas opiniones al respecto; haciendo hincapié en que aquellos funcionarios públicos, intendentes, gobernadores, concejales, diputados y senadores que cometan actos de corrupción, ya no puedan competir de por vida en futuras elecciones y que tampoco vuelvan a ejercer cargos administrativos en la función pública.
“La Ley de Nepotismo, recientemente sancionada, establece la prohibición de aquellos funcionarios públicos o administradores del bien público, a ejercer cargos electivos o administrativos por 5 años. Desde mi punto de vista, este articulado debe ser modificado y establecer que estas personas, una vez que se compruebe que son corruptas o cometieron actos de corrupción, ya nunca más se les permita que se candidate a algún cargo o se les designe directores o jefes en organismos del Estado importantes, como está sucediendo en estos momentos”, especificó.
Refutó la intención de Miguel Prieto de candidatarse a la presidencia de la República, teniendo sobre sus hombros más de 40 denuncias, casi todas por corrupción. “Escuché que Miguel Prieto se quiere o ya se está candidatando para la Presidencia de la República y ahí es donde me pregunto, cómo es que la ciudadanía puede permitir este tipo de hechos. Una persona, tan siquiera sospechada de corrupción, ya no debería ejercer ningún tipo de cargo público. Sin embargo, aquí, en nuestro país, se les premia, se les da cargos importantes y a los intendentes, gobernadores, parlamentarios, se les reelige. Esto, en cualquier país medianamente serio, donde haya conciencia ciudadana, no ocurre. Lamentablemente, en Paraguay ya otra vez, todo se permite”, fustigó.
La dirigente civil indicó que en el caso del intendente de Ciudad del Este, que prematuramente se está postulando a la primera magistratura del país, ya ni siquiera debería estar al frente de la comuna, hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, el ordenador de gastos y las demás personas se dedicaron a chicanear el proceso judicial, con lo que ganaron algo de tiempo. “En ningún momento escuché que Miguel Prieto y su entorno hayan presentado pruebas valederas que echen por tierra las denuncias. Al contrario, se pasaron chicaneando y pidiendo la prescripción de los casos, tal como hicieron con Tajy y casi les salió el juego, ya que, en mayo del próximo año, vence el plazo. El que nada debe, nada teme y esta gente que está al frente de la municipalidad, mucho le debe a la ciudadanía. Despertó mucha confianza y apoyo de la ciudadanía, pero defraudó muy rápido. Los que les acompañamos al principio, ciframos esperanzas de cambios en Miguel Prieto y trabajamos para que así sea; lastimosamente, muy rápido se le cayó la careta y nos sacaron a los buenos y se quedaron los malos. Ahora los malos administran la Municipalidad de Ciudad del Este”, apuntó.
