El Ministerio Público enfrenta fuertes cuestionamientos por limitarse a imputar al senador argentino Edgardo Kueider y a su secretaria Iara Magdalena Guinzel Costa, únicamente por tentativa de contrabando. Ambos fueron detenidos en el Puente de la Amistad con más de 200.000 dólares y sumas adicionales en pesos argentinos y guaraníes sin declarar. Mientras que en Paraguay las investigaciones apenas rozan la superficie y ya se les otorgó prisión domiciliaria a ambos, en Argentina el caso ha escalado con denuncias de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, lo que pone en tela de juicio la actuación de la Fiscalía paraguaya.
El arresto de Kueider y su secretaria ocurrió cuando intentaban ingresar a Paraguay desde Brasil con US$ 211.102 dólares, Gs. 3,9 millones y P$ 640.000 sin declarar. Tras la revisión aduanera, ambos fueron retenidos y trasladados a la sede del Dpto. Contra Delitos Económicos en Ciudad del Este, donde permanecen a disposición de un Juzgado.
A pesar de la magnitud del hallazgo, la Fiscalía paraguaya solo los imputó por tentativa de contrabando, un delito cuya pena varía desde el pago de multas hasta cinco años de cárcel. Este enfoque ha desatado críticas por la falta de medidas contundentes para investigar posibles delitos mayores, como lavado de activos o financiación ilícita, considerando la elevada cantidad de dinero incautado. Tras la imputación formal, el Ministerio Público, representado por un equipo de fiscales integrado por Edgar Benítez, Alcides Giménez y Gabriel Segovia Villasanti, solicitó al Juzgado que admita la imputación y aplique medidas cautelares a los procesados. Esto busca asegurar que ambos se sometan a la Justicia. En la audiencia de imposición de medidas, los agentes fiscales pidieron al juez de Garantías Humberto Otazú que aplique la suspensión de la prisión preventiva, a lo cual el magistrado se allanó, otorgando la prisión domiciliaria para ambos, con pago de fianza.
En contraste con la tibieza del Ministerio Público local, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos en Argentina ha tomado medidas más enérgicas. La pesquisa, liderada por el fiscal general Diego Velasco, indaga si Kueider incurrió en enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Las primeras evidencias señalan que el senador habría realizado seis viajes internacionales desde febrero de 2024, todos siguiendo la misma ruta terrestre y en compañía de su secretaria.
Además, la justicia argentina está examinando posibles vínculos de Kueider con propiedades de lujo en Paraná, Entre Ríos. Una de las líneas de investigación apunta a la empresa Betails S.A., de la cual Kueider es accionista del 50 %. Aunque esta compañía fue registrada para la compra de ganado, carece de actividad económica visible y aparece relacionada con un complejo habitacional cuyos gastos están a nombre de Betails y de la secretaria de Kueider.
Paralelamente, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado mantiene abierta una causa contra Kueider por enriquecimiento ilícito, derivada de la investigación «Securitas», que involucra pagos de sobornos a organismos públicos. Uno de estos organismos es Enersa, donde el legislador ocupó un puesto directivo antes de asumir su banca en el Senado.
CRÍTICAS A TIBIA FISCALÍA PARAGUAYA
La limitada actuación del Ministerio Público paraguayo ha generado una ola de críticas en ambos países. En Paraguay, analistas y juristas consideran que las autoridades han perdido una oportunidad de investigar un caso que claramente trasciende el contrabando. La falta de imputaciones por delitos financieros más graves, como lavado de dinero, plantea dudas sobre la voluntad y capacidad de las instituciones paraguayas para enfrentar crímenes de cuello blanco.
“La Fiscalía paraguaya parece haber optado por una salida fácil, ignorando la magnitud del caso. Esto no solo afecta la credibilidad del sistema judicial, sino que podría interpretarse como complicidad o negligencia en el manejo de delitos transnacionales”, opinó un analista político.
En Argentina, la diferencia de enfoques entre ambos sistemas judiciales es evidente. Mientras la Procelac se adentra en las posibles conexiones de Kueider con actividades ilícitas, incluyendo la presunta adquisición de propiedades y manejos irregulares de empresas, la Fiscalía paraguaya sigue limitada a procesar al legislador como si se tratara de un caso común de contrabando.
PEDIDO DE DESAFUERO
En el Senado argentino, las repercusiones del caso no se han hecho esperar. Desde el bloque peronista, que ahora se opone a Kueider, se ha solicitado su desafuero para permitir un avance sin trabas en las investigaciones. Este pedido también tiene un trasfondo político, ya que Kueider, quien llegó al Senado como representante del peronismo, ha cambiado su apoyo hacia el oficialismo liderado por el presidente Javier Milei, votando leyes controversiales que han favorecido a sectores empresariales a cambio de supuestas prebendas.
Sin embargo, el desafuero enfrenta resistencia. Sectores del oficialismo temen que una investigación más profunda revele conexiones entre coimas y decisiones legislativas que han beneficiado al gobierno. Por otro lado, la Cámara del Senado tiene antecedentes de proteger a sus miembros hasta que existan sentencias firmes, lo que dificulta que Kueider pierda sus privilegios parlamentarios en el corto plazo.
El caso de Edgardo Kueider no solo expone las complejidades de la corrupción política en Argentina, sino también la fragilidad de los sistemas judiciales en la región para combatir delitos financieros transnacionales. En Paraguay, la tibieza del Ministerio Público ante un caso de alto perfil subraya la necesidad urgente de fortalecer sus mecanismos de investigación y cooperación internacional.
