Desde que asumió control sobre la Sexta Circunscripción del Alto Paraná, en setiembre del 2021, Diesel no ha tomado decisiones importantes, mucho menos ha hecho cumplir el lema judicial de la justicia pronta y barata, a juzgar por el lapso de tiempo que debe transcurrir para que las juezas laborales de primera instancia, Graciela Panza y Nélida Alvarenga, respectivamente, emitan sus fallos. A las citadas, ahora se suma la titular del tercer turno Laura Olazar, que supuestamente fue designada como magistrada de la mano del amigo de su marido, el considerado significativamente corrupto por los Estados Unidos y miembro del Consejo de la Magistratura, Jorge Bogarín. La misma supuestamente no ha hecho nada desde que asumió el cargo, más que apilar expedientes y asimilar el sistema de trabajo de sus colegas.
El abogado Mauro Barreto, miembro del Colegio de Abogados del Alto Paraná, precisamente calificó de lamentable la tardanza con que se manejan las magistradas, que en ninguna ocasión recibieron algún llamado de atención y mucho menos amonestación por parte del superintendente del Alto Paraná, el ministro César Diesel, que ahora es nada más y nada menos presidente de la máxima instancia judicial.
SUMARIO
De haber interés en que funcionen los juzgados laborales, mínimamente el superintendente del Alto Paraná debería ordenar un sumario administrativo general a estos despachos y así tener una radiografía de la realidad que hoy hace que los trabajadores que apelan a la justicia estén soportando una verdadera injusticia por la falta de sentencias, dijo Barreto.
IMPOTENCIA
En el seno de los abogados existe una gran preocupación e impotencia atendiendo a que los responsables de administrar la justicia son los menos interesados en brindar una atención acorde a lo que establece la propia legislación paraguaya.
Además de los juzgados de primera instancia en lo laboral, tampoco quedan atrás los jueces civiles, que también tardan una eternidad para poder emitir fallos, complicando así el trabajo de los abogados.
