Al problema de salud que generan las máquinas electrónicas tragamonedas en los niños y adolescentes, se suma el gran perjuicio que generan a la ciudadanía en general, puesto que un importante porcentaje de lo recaudado en concepto de impuesto y canones por juegos de azar, deben ser destinados al presupuesto de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social.
Carlos Liseras, presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar, mencionó que las casas de apuestas, salas de juegos y casinos que operan clandestinamente generan un gran perjuicio a las arcas del Estado, y por ende a la ciudadanía en general.
“El daño para las municipalidades, Conajzar y la Diben es incalculable, porque no están registrados, no pagan cánones ni impuestos, y con ese pago es que se sustenta el presupuesto de la Diben, que es una institución que asiste a las familias más desprotegidas en todo el país y que ven a la institución mencionada como un aliado para poder cubrir sus gastos por salud, principalmente”, apuntó.
HASTA G. 3 MILLONES POR MÁQUINAS
Principalmente en el microcentro de Ciudad del Este, las máquinas son de fácil acceso para quienes pretenden invertir en ellas y explotarlas de manera ilegal en alguna despensa, bodega o simplemente en un pequeño salón en su propiedad, atrayendo principalmente a niños y adolescentes.
Una máquina en promedio cuesta entre G. 2 y G. 4,5 millones, dependiendo del modelo ofertado. “La ganancia que puede arrojar cada máquina, dependiendo de su ubicación por sobre todo, es entre G. 3.000.000 y G. 5.000.000 al mes. Muchos no tienen solo una máquina, sino que cuentan con 3 o 4 distribuidos en varios puntos”, señaló Liseras.
Para quienes operan de manera clandestina la ganancia es del 100%, lo que significa un importante ingreso de dinero cada mes. “Aquellos que no están en regla están evadiendo impuestos y cometen varios hechos punibles y el principal afectado es el ciudadano que luego busca asistencia de la Diben u otras instituciones y no cuentan con muchos recursos”, lamentó.
HASTA G. 3 MILLONES
La ganancia que puede arrojar cada máquina de manera mensual es de unos G. 3.000.000, teniendo en cuenta la zona y cantidad de jugadores para cada máquina, puntualizó Liseras.
Funcionarios de la Conajzar podrían iniciar un mega operativo en el Alto Paraná en las próximas semanas, donde el objetivo principal es la incautación y destrucción de las máquinas tragamonedas clandestinas, además de que los encargados y dueños serán denunciados ante el Ministerio Público, exponiéndose a una pena privativa de libertad de hasta 5 años o multa, finalizó.
