La promesa del presidente Santiago Peña, en el marco del proyecto “Hambre Cero”, de que el 100% del impuesto inmobiliario quedará en manos de los intendentes del país, alimenta aún más la codicia de muchos administradores comunales, en el sentido de malversar fondos con los que llenarán sus bolsillos, en abierto detrimento de sus comunidades. Se ha demostrado que la mayoría de los intendentes cometió irregularidades con recursos del Fonacide.
El informe de la Contraloría General de la República demuestra que unos 70 municipios violaron expresamente los mandatos de la Ley del Fonacide, lo que fue calificado de “lapidario” por el propio jefe de Estado. En los últimos cinco años se registraron hasta 300 indicios de hechos punibles por parte de los gobiernos municipales, mientras que solo el año pasado 70 municipios fueron reportados por haber cometido irregularidades en torno al Fonacide, según refirió Camilo Benítez, titular de la Contraloría General de la República.
Sin embargo, la presión ejercida por los administradores comunales, hizo retroceder al mandatario, que a cambio prometió que el 100% de los recursos colectados en concepto de impuesto inmobiliario, serán administrados totalmente por las municipalidades. La pregunta es, si los intendentes ya cometieron irregularidades con recursos del Fonacide, ¿quién garantiza que no lo harán con los fondos del impuesto inmobiliario?
Pues la pregunta queda picando, ya que la corrupción imperante cometida con el Fonacide, fue la
detonante para que el presidente de la República decida absorber todos los recursos de esta fuente de ingreso, para llevar adelante el plan “Hambre Cero en las Escuelas”. Sin embargo, no soportó la presión de los intendentes, quienes defendieron a capa y espada su “negocio”, el de lucrar con los fondos del Fonacide, sin importarles nada de la alimentación escolar.
Los malos manejos tienen relación con la calidad de los productos, como con las falencias en las licitaciones, según el informe oficial de la CGR. Esto se detectó el año pasado, sin que ningún estamento público haga algo al respecto. En otras palabras, los intendentes que cometieron irregularidades con el Fonacide, de manera salvaje e impune, de la misma forma lo podrán hacer con los fondos del impuesto inmobiliario, en caso de aprobarse el proyecto de ley presentado por el Gobierno Nacional.
La utilización de los recursos económicos proporcionados por el Estado se convirtió en un festín de dinero, del cual la mayoría de los intendentes no quieren desprenderse, ya que se quedarían sin poder llenar sus bolsillos. El negocio resultó bastante rentable para los mismos, por lo que utilizaron el chantaje y la extorsión como medida de presión, de modo a que el presidente Peña no tenga otra salida más que acceder a la coacción al que fue sometido por los jefes comunales. La otra pregunta que queda picando es ¿quién controla a quién?
