La juez de garantías de Ciudad del Este, Teresita Cazal Pedrozo, dispuso que varios reos vuelvan y permanezcan en la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este. Supuestamente para una audiencia de anticipo jurisdiccional de pruebas. Se trata de varios ex funcionarios penitenciarios y otros reos que actuaban como distribuidores de drogas en el reclusorio. El actual director rechazó dicha determinación, alegando que son personas de alta peligrosidad.
Sin previa coordinación con las actuales autoridades de la cárcel regional de Ciudad del Este, varios internos fueron traídos de la penitenciaría de Coronel Oviedo. Fue tras una disposición adoptada por la juez de garantías Teresita Cazal Pedrozo. A través del oficio Nº 422 del 11 de abril, la magistrada comunicó a la dirección del penal que los reos involucrados en la causa “Rubén Ireneo Lombardo Cristaldo y otros sobre supuesto hecho punible contra de la Ley 1340/88 y sus modificaciones”, permanezcan en la penitenciaría local hasta el 19 de abril del año en curso, fecha que se realizará el anticipo jurisdiccional de prueba.
Se trata de Jorge Darío Mendoza Penayo, Diego Pedro Barcik, Rubén Ireneo Lombardo Cristaldo, Francisco Javier Ramírez Torres, Ali Issa Chamas y Leonardo Araujo Vera. Todos fueron traídos sin previo aviso el pasado viernes. Dicha situación motivó la reacción del director del penal Benjamín Ozuna, quien comunicó a la magistrada que la mayoría son considerados de alta peligrosidad y la permanencia en la institución a su cargo sería imposible, por las dificultades que puedan acarrear. De inmediato, los encausados fueron llevados nuevamente a la cárcel regional de Coronel Oviedo.
La investigación del caso está a cargo del agente fiscal Manuel Rojas Rodríguez. Los ex funcionarios penitenciarios soportan cargos por suministro de estupefacientes en lugares de reclusión, asociación criminal y otros. Los mismos fueron aprehendidos en diciembre de 2023, tras la persecución de una furgoneta que entró de manera presurosa en la cárcel local. Posterior a eso fueron incautadas drogas, bebidas alcohólicas y otras sustancias prohibidas.
LOS EXTRANJEROS ERAN LOS PRINCIPALES DISTRIBUIDORES
Varios testigos ya prestaron declaraciones ante el Ministerio Público. Se pudo determinar que el ingreso de drogas y otros productos prohibidos eran constantes dentro del penal.
El funcionario Francisco Javier Ramírez Torres era uno de los principales proveedores, pero el entonces director del penal Rubén Ireneo Lombardo Cristaldo estaba al tanto de todo y participaba del esquema corrupto.
Además se dio a conocer que el recluso brasileño Diego Pedro Barcik y el interno árabe Ali Issa Chamas, eran los principales comerciantes de las drogas. Tenían control absoluto y contaban con la protección hasta de agentes de la Policía Nacional. Ali Issa Chamas administraba servicios de internet y otros desde la celda que ocupaba. Por eso su intención de retornar al reclusorio local utilizando la decisión adoptada por la juez Cazal.La ley 1340/88 y sus modificaciones, prevé pena de hasta 25 años para los procesados por las causas que se atribuyen al ex director del penal y a su principal colaborador. Cabe destacar que Ramírez Torres contaba con orden de captura pendiente dictada por un juzgado del departamento de Caaguazú. De acuerdo a los datos, estuvo involucrado en un hecho de asalto. Aun así, fue reubicado en un cargo de confianza en el penal local.
