Tres obreros despedidos por la administración del intendente de Juan León Mallorquín, Elvio Coronel, se encadenaron ayer frente a la sede comunal y luego frente a la Junta Municipal. Denunciaron haber sido desvinculados sin justa causa, señalando que son de escasos recursos económicos y que quedaron sin sustento en medio de muchas necesidades. El intendente afirmó que los trabajadores son utilizados por sectores de la oposición. Aseguró que se dejó sin efecto el contrato por reiteradas ausencias injustificadas.
Se trata de Sandro Gómez y de los hermanos Marcos y Blas Gamarra, quienes trabajaban en el área de recolección de residuos domiciliarios. Marcos lamentó la situación, indicando que tienen a su madre gravemente enferma y su padre postrado en cama. Contó que este trabajo era su única fuente de ingreso.
Mencionó que no recibió ninguna explicación del intendente sobre el motivo por el cual se decidió finalizar su relación laboral, a pesar de que tenían un contrato vigente hasta el 31 de diciembre.
Recordó que fueron notificados de la rescisión en septiembre pasado. “Nunca pudimos hablar con el intendente. Fue el secretario Carlos Paredes quien nos notificó que ya no pertenecemos al personal contratado de la Municipalidad. Somos tres los que nos manifestamos, exigiendo que se cumpla el contrato. Queremos cobrar. Nuestro padre está enfermo y necesitamos una solución”, relató Gamarra.
“Éramos recolectores de basura. En el contrato figura que nuestro jornal diario era de G. 80.000, pero en realidad cobrábamos G. 70.000. Lastimosamente el intendente no quiere hablar con nosotros. Por eso decidimos encadenarnos para ver si así nos atiende. Como dije, nuestra situación familiar es muy difícil. Nuestra mamá está enferma y mi papá está postrado en cama”, agregó.
Gamarra comentó que, en la Junta Municipal, recibió atención de dos concejales, mientras el resto se desentendió del reclamo. “No levantaremos nuestra medida de protesta hasta encontrar una solución”, expresó.
Por su parte, el intendente Coronel aseguró que los manifestantes fueron utilizados por sectores de la oposición. “Ellos fueron despedidos justificadamente. Incumplieron en su trabajo. Abandonaron sus labores en tres oportunidades. Fueron debidamente notificados el 23 de septiembre. Tenemos la documentación, no quisieron firmar”, afirmó el jefe comunal, al señalar que lo reclamado no existe en ninguna legislación laboral.
