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Un colono y una ingeniera serán juzgados por delitos ambientales

Zunilda Ocampos, fiscal.

La causa que involucra al propietario de un inmueble rural de la colonia Ara Potî, distrito de Los Cedrales, fue elevado para su juzgamiento. Será por los supuestos hechos punibles de perjuicio a reservas naturales, desecación de humedales y declaración falsa.

El procesado es el  brasileño João Emanoel de Almeida. Igualmente, la Fiscalía presentó acusación contra la consultora ambiental Myrian Griselda Martínez Benítez, de profesión abogada e ingeniera ambiental, por transgresión del Art. 5 de la Ley 716/96.

Según los antecedentes, el brasileño sería responsable de haber atentado contra el medio ambiente, la calidad de vida humana y contra las relaciones jurídicas, según los diversos elementos de sospecha colectados por la unidad especializada en la Lucha contra Delitos Ambientales.

El 14 de junio de 2022, la Fiscalía constató que el acusado permitió y autorizó actividades como canalizaciones, desecamiento, profundización y ensanchamiento del canal de flujo de recursos hídricos proveniente de una naciente y la eliminación completa de vegetación, parte del bosque protector del cauce. Fue en el interior del inmueble ubicado en el distrito de Los Cedrales, al sur de Alto Paraná. Con su accionar, el sindicado igualmente atentó contra los mecanismos de control de agua, afectando nacientes dentro de la propiedad, según pudo confirmar la investigación realizada sobre el caso.

El acusado habría empleado datos falsos en el proyecto presentado ante el MADES, para de esa manera conseguir la aprobación de la evaluación de impacto ambiental y la licencia ambiental con la finalidad de habilitar suelo y realizar cultivos agrícolas mecanizados, transgrediendo las leyes ambientales.

Myrian Griselda Martínez Benítez habría participado en los hechos para la obtención de la licencia ambiental de parte del MADES, por lo que igualmente fue formalmente acusada y deberá ser juzgada junto con el brasileño.

El requerimiento conclusivo fue presentado ante el Juzgado Penal de Garantías de Presidente Franco, a cargo de la magistrada Carina Frutos Recalde, quien elevó la causa para su juzgamiento.

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