De los 21 ediles departamentales del Alto Paraná, 6 de ellos, pertenecientes a diferentes signos políticos, incurrieron en diversas irregularidades tanto en su rendición de gastos de campaña electoral, como en sus declaraciones ante la Contraloría General de la República. Así lo confirman la Asociación de Tecnología, Educación, Desarrollo, Investigación y Comunicación y la organización Semillas para la Democracia, con base a datos proporcionados el Observatorio Nacional de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Las irregularidades fueron cometidas en las elecciones de abril de 2023.
De acuerdo a citadas organizaciones privadas, los que incurrieron en irregularidades son los ediles departamentales Carlos Antonio Ávalos Gómez (ANR), Aldo David Barrios Gómez (Conciencia Ciudadana-Yo Creo), Pedro Adán Ovelar Viñales (ANR), Fernando Schuster Salinas (ANR), Julia Graciela Ferreira (Concertación Nacional) y Derlis Ramírez Pérez (Cruzada Nacional). “Sin revisiones ni sanciones, concejales departamentales del Alto Paraná incurrieron en diversas irregularidades tanto en su rendición de gastos de campaña electoral como en sus declaraciones ante la Contraloría”, refiere parte de este informe.
De los seis concejales, tres declararon sumas muy bajas en cuanto a gastos que tuvieron en sus respectivas campañas electorales del año pasado. “Tres de ellos consignaron sumas mínimas con omisiones evidentes como transporte o alimentación. No fue aplicada ninguna sanción. Pese a la legislación electoral, un grupo de concejales departamentales del Alto Paraná, electos el pasado 30 de abril, decidieron pasar por encima de la norma y presentar declaraciones de gastos de campaña con una serie de irregularidades”, agrega el documento.
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La investigación revela que, haciendo una comparación del patrimonio neto declarado por estos concejales, existe una sospechosa situación en cuanto a la “baja inversión” realizada por los mismos en sus respectivas campañas electorales. “Al contrastar las Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña presentados ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral y las Declaraciones Juradas de Bienes presentados ante la Contraloría General de la República, se observa que algunos de los candidatos investigados, cuentan con elevado patrimonio; al cotejar con sus declaraciones juradas de bienes; estas no son coherentes, pues los gastos de campaña declarados son mínimos”, resalta la investigación publicada por ambas organizaciones no gubernamentales (ONG).
De acuerdo a las investigaciones hechas y al contraponer estos datos con los declarados por estos ediles, se observa que los mismos solo desembolsaron irrisorias sumas en solo dos ítems, como propaganda y publicidad, descuidando o no declarando otros gastos “normales” que los políticos o candidatos hacen durante las campañas electorales. “De acuerdo con el Observatorio Nacional de Financiamiento Político, estas autoridades declararon que solamente gastaron en propaganda y publicidad. No existen datos como desembolsos en alimentación de operadores, transporte y desplazamiento, organización y funcionamiento. Tampoco en alquiler de locales para sus puestos de comandos, remuneración al personal, entre otros. Los candidatos están obligados a declarar sus ingresos y egresos en su campaña, según la Ley 6501/20 de financiamiento político, que tiene el objetivo de ejercer el control para evitar el lavado de dinero o la filtración de recursos del crimen organizado en el proceso electoral. Otra irregularidad que se desprende del análisis de los documentos de los seis concejales investigados, tiene como caso notorio el del colorado Fernando Schuster y la liberal Julia Ferreira, quienes no presentaron sus declaraciones juradas ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral”, sostiene parte del documento.
