Pobladores del barrio Boquerón expresaron su preocupación ante informaciones que el Gobierno solo pretende trasladar a la nueva penitenciaría de Minga Guazú a los reos condenados, dejando a los demás en la cárcel ubicada sobre la Av. Rogelio Benítez. Los vecinos del lugar exigieron en innumerables ocasiones el cierre completo del correccional. Este jueves deben reunirse con miembros de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Varias organizaciones han planteado el traslado de la Penitenciaría Regional de CDE, pero las autoridades siempre indicaron que no podían hacerlo porque la nueva cárcel construida en Minga Guazú no estaba terminada. De hecho, hay cuestiones que están siendo revisadas y el mes pasado una comitiva del Ministerio de Obras Públicas hizo un levantamiento técnico en el lugar, pero los datos no fueron socializados.
De acuerdo a los datos que tienen los pobladores del barrio Boquerón, sede actual de la penitenciaría, el traslado al nuevo penal sería solamente para los condenados, que representan una mínima parte de la población penal. Los demás permanecerán en el actual correccional de varones.
“La comisión vecinal de seguridad desea que esta cárcel se cierre, porque no reúne los requisitos mínimos establecidos en las reglas básicas de las Naciones Unidas para construcción de cárceles en el mundo. Pero el Gobierno pretende continuar con la cárcel acá (en el barrio Boquerón), eso significa que llevarían a 400 y quedarían 1.200 acá”, lamentó Eduardo Ramón Morales, uno de los integrantes de la comisión vecinal del citado barrio.
El poblador añadió que nuestro país es “campeón mundial” en presos sin condena, ya que solo el 25% está cumpliendo una sanción penal. Eso significa que no ha habido cambios en la estadística, comparándola desde los tiempos de la dictadura stronista.
UNA COMITIVA PARLAMENTARIA
Para este jueves se anuncia la presencia de una delegación de miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, para interiorizarse sobre los motivos de la demora para el traslado de la población penal a la nueva sede en Minga Guazú. Se supo que la iniciativa partió de la parlamentaria Roya Torres, que esperará a sus colegas en la zona.
La intención es reunirse con la población penal y también con los vecinos del barrio Boquerón, además de los guardiacárceles, que también tienen sus reivindicaciones postergadas y otros sectores de la sociedad que están afectados por la permanencia de un penal con reos de alta peligrosidad en una zona altamente poblada.
Siempre fue el argumento de los pobladores del barrio Boquerón, que en la zona hay al menos cinco colegios, cuatro universidades, la Dirección de Policía, la Gobernación, varios templos religiosos y numerosos comercios de varios rubros, por lo que la permanencia de una sede penitenciaria no corresponde.
TODOS LOS DÍAS ESTÁN EN JAQUE
De acuerdo a las expresiones de los pobladores del barrio Boquerón, todos los días están expuestos a disparos por fugas o tentativas de parte de la población penal, el derrame de agua servida sobre la avenida Rogelio R. Benítez que va hasta el Lago de la República, principal fuente de extracción de agua de la ESSAP e Itaipú Binacional, y otros detalles que hacen que sea siempre todo “a full” en esa zona.
“Estamos sufriendo, el agua servida va a parar al lago, de ahí tomamos agua, se escapan los presos, se escuchan disparos. Eso no es una cárcel, es una mazmorra medieval, es imposible hacer un trabajo de reinserción a la sociedad en esas condiciones, no cumple los mínimos requisitos”, lamentó el abogado Morales.
