Desde el pasado 4 de marzo, un grupo de aproximadamente mil exobreros de Itaipú Binacional mantiene bloqueada en su totalidad la ruta PY 07, a la altura del barrio San Francisco de Hernandarias. La medida de fuerza, que responde a una exigencia de compensaciones económicas por casi 1.000 millones de dólares, genera un caos sin precedentes, por lo que el viernes último, vecinos del barrio San Francisco recurrieron a la Fiscalía de Hernandarias para solicitar la liberación de la vía, alegando que el bloqueo afecta gravemente su derecho a la libre circulación. Sin embargo, ante el ninguneo de parte del Ministerio Público, los moradores decidieron cerrar todos los accesos a las calles del barrio, a partir de hoy lunes, para así forzar a las autoridades a “liberar” el tránsito sobre la ruta.
Pese al caos diario, que ya dura semanas, hasta el momento ni la Fiscalía ni la Policía han tomado acciones concretas para restablecer el orden y garantizar el tránsito normal en la zona. Según denunciaron los vecinos del barrio San Francisco, los manifestantes se mostraron prepotentes al ser abordados y aseguraron contar con “autorización” del ministro del Interior, Enrique Riera, lo que explicaría la inacción de las autoridades.
La protesta ha convertido el acceso a Hernandarias en un verdadero infierno vial. Los desvíos improvisados han provocado largas filas de vehículos y daños a infraestructuras, incluyendo la destrucción de tendidos eléctricos y cables debido al paso de camiones pesados. Conductores reportan demoras de hasta tres horas en el trayecto desde Ciudad del Este, afectando gravemente a trabajadores y estudiantes.
El bloqueo se encuentra a pocos metros de la barrera de Itaipú y el acceso a la zona urbana de Hernandarias. En un intento por minimizar el impacto, la Policía ha habilitado desvíos por barrios cercanos, pero el tráfico sigue siendo caótico.
El derecho a manifestarse está garantizado por la Constitución Nacional, pero dentro de los límites de la legalidad. En este caso, los exobreros de Itaipú están vulnerando derechos fundamentales como el libre tránsito y la circulación de bienes y productos, establecidos en los artículos 41 y 108 de la Carta Magna.
Además, el Código Penal Paraguayo, en su artículo 216, sanciona con penas de hasta tres años de prisión a quienes obstaculicen la libre circulación en las rutas. La Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial Nº 5016/14 exige autorización previa para el uso especial de la vía pública y establece que se deben garantizar vías alternativas para la circulación. Sin embargo, nada de esto se ha cumplido en Hernandarias.
A pesar de la gravedad de la situación, los fiscales Adolfo Santander, Natalia Montanía y Miguel Figueredo han permanecido impasibles ante el atropello a los derechos de terceros. Por su parte, la Policía Nacional argumenta que necesita una orden fiscal para intervenir, limitándose a observar el bloqueo sin tomar medidas. Según las autoridades, el hecho de que los manifestantes sean en su mayoría personas de la tercera edad, impide una intervención. No obstante, la ley no contempla exenciones para personas mayores cuando se trata de desalojos por obstrucción de rutas nacionales.
MEDIDA DESESPERADA
Desesperados por la situación que les atañe, vecinos del barrio San Francisco se reunieron el fin de semana y, tras ser ninguneados por el Ministerio Público en su pedido de liberar la ruta PY 07, decidieron cerrar todos los accesos a sus calles a partir de este lunes 17 de marzo, desde primeras horas, lo cual empeorará considerablemente la situación.
El objetivo es proteger y evitar que se destruyan las vías del barrio, ya que los camiones grandes inclusive destruyen los cables de la Ande, telefonía y otros. Debido al intenso tráfico, los niños que van a la escuela están en peligro y los comerciantes están sin poder trabajar hace quince días, relataron los afectados, quienes señalaron que con el cierre total de accesos al barrio San Francisco, esperan “forzar” una solución al grave problema.
