En una decisión insólita y ampliamente repudiada a nivel local y nacional, la Cámara de Apelaciones Penal, Primera Sala, revocó la orden de captura que pesaba sobre el abogado Walter Acosta, que la semana pasada fue filmado agrediendo brutalmente a una funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología. El juez penal de Santa Rita Bernardo Silva había ordenado la detención del prepotente letrado tras el cobarde ataque, ocurrido en una estación de servicios de Tavapy. Sin embargo, gracias a sus contactos en la justicia y desde la clandestinidad, Acosta logra evitar la cárcel y enfrentar el proceso en libertad. El hecho evidencia nuevamente la existencia de magistrados venales y la pésima calidad en la administración de justicia en nuestro país.
La orden de captura de Acosta había sido emitida en el marco de una causa por coacción, coacción grave y resistencia. No obstante, los camaristas Raúl Insaurralde, Efrén Giménez y Marta Acosta revocaron la decisión del juez de garantías, permitiendo que el imputado se presente ante la justicia sin ser detenido y luego responder al proceso en libertad. La medida fue dictada ayer en Ciudad del Este, generando indignación en distintos sectores.
El prepotente abogado fue denunciado por agredir a la ingeniera Lourdes Sosa, funcionaria del INTN, quien realizaba una fiscalización en la estación de servicio «3 Fronteras», propiedad del empresario brasileño Vilmar Wilkon, alias «Meca». Durante la inspección, Acosta llegó al lugar y, tras increpar a los fiscalizadores, golpeó violentamente a Sosa, un ataque que quedó registrado en video y generó una ola de repudio.
APADRINADO POR EMPRESARIO CON NEGROS ANTECEDENTES
Walter Acosta es empleado de Vilmar Wilkon, un empresario con un pasado turbio y fuerte influencia en la región fronteriza. Según fuentes fidedignas, «Meca» habría dado la orden de impedir la fiscalización del INTN a toda costa, ya que los funcionarios habían detectado irregularidades en la calidad del combustible expedido en su establecimiento.
El abogado Acosta no solo agredió a Lourdes Sosa, sino también al fiscalizador Luis Armando Duarte, a quien propinó golpes en la nuca y patadas. A pesar de las pruebas contundentes y del repudio generalizado, el abogado continúa en libertad, protegido presuntamente por el poder de Wilkon.
El empresario brasileño también ha sido denunciado en el pasado por usurpación de tierras y explotación ilegal de 2.700 hectáreas en Tavapy, utilizando documentación presuntamente falsificada. Su influencia sobre autoridades locales le ha permitido evadir sanciones, incluso en el reciente caso de la estación de servicios, donde la inspección reveló que al menos tres bocas de expendio superaban los límites de tolerancia permitidos.
REPUDIO GENERALIZADO Y PEDIDO DE SANCIONES
El Colegio de Abogados del Alto Paraná, la Comunidad Jurídica del Alto Paraná, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio del Trabajo han expresado su repudio ante la brutal agresión y la impunidad con la que se maneja el caso. La Comjurap solicitó que los antecedentes de Acosta sean remitidos a la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia para la aplicación de sanciones disciplinarias. Además, recordaron que su conducta viola la Ley 5777/16, que protege a las mujeres contra la violencia en todos los ámbitos.
La resolución de la Cámara de Apelaciones sienta un peligroso precedente, debilitando la lucha contra la violencia de género y la impunidad judicial. Mientras la comunidad en Alto Paraná exige justicia, el abogado Walter Acosta sigue en libertad, protegido por un sistema que favorece a quienes tienen poder e influencias.
