Ya se hizo costumbre para intendentes y gobernadores llevar toda investigación fiscal sobre denuncias de manejos no adecuados del dinero público, hacia cuestiones de envidia política, pese a muestras palpables de acciones de robo de la cosa pública.
Vestirse de víctima como herramienta para intentar cubrir malvivencias que generaron robos asquerosos en instituciones públicas, no es más que delatarse.
Ni con todos los perros alimentados con dinero estatal para ladrar ante evidencias notorias de sobrefacturaciones, obras de pésima calidad, direccionamiento de licitaciones, y acciones pírricas que generaron embargos, se puede desintegrar verdades de malos manejos.
La corrupción de autoridades es imperdonable, y si existen indicios de irregularidades, no es justificable. Dar legalidad a rendiciones de cuentas por parte de Juntas, no lo despeja de la suciedad, pues formalismos no juzgan el contenido. Más todavía si se habla de contralores hambrientos por dinero fácil.
Chicanear y atacar con populismo a investigaciones dice todo sobre implicancias.
Ejemplos sobran, incluso en el presente, donde autoridades municipales de Ciudad del Este, Presidente Franco, Minga Guazú y Hernandarias, tienen gestiones totalmente cuestionables, actuaciones viles de ratas.
Y resulta hasta chistoso, de muy mal gusto por cierto, que los hechos citados más arriba fueron brutalmente criticados por los hoy jefes comunales durante el anonimato del poder hacia quienes eran intendentes y Gobernador, mientras hacían campaña proselitista. Se había cuestionado tanto la falta de transparencia, los negociados para beneficio propio y hoy se cometen los mismos vicios. Hipócritas codiciosos.
En un estado de normalidad y de justicia real, todas las autoridades ladronas estarían con un pie en la cárcel y no comandando organizaciones criminales.
La hipocresía indisimulable y hasta incuestionable, no es un valor destacable en quienes hablan de ley y el orden, siendo pillines.
La exigencia de transparencia anterior, sigue vigente en casi la totalidad de administraciones municipales, con lo que se muestra que la malvivencia no es monopolio de un solo partido político, pues hay una generalización de corruptos.
No son malas intenciones de colorados resentidos, sino realidades incuestionables que merecen sanciones penales. Guste o no a jaurías, es poco factible cubrir inmundicias, pues lo fétido se percibe desde lejos.
Las investigaciones que se vienen cumpliendo sobre las instituciones municipales y otros estamentos estatales, tienen fundamento en la utilización indebida de dinero destinado a la ciudadanía, y no en cuestiones pre-electorales. Los que tienen en orden la casa, los que no se dedican a robar el dinero de la gente, en vez de buscar pretextos para evitar consecución investigaciones de la Fiscalía y otros estamentos contralores, deberían dedicarse a mostrar documentalmente hablando que lo que se cuestiona no es tal.
Chicanas tras chicanas, deja al descubierto que no precisamente se tuvo manejos adecuados de la cosa pública.
Las explicaciones deben ser coherentes y con sustento documental, no a los gritos y balbuceadas, pues estas actitudes no explican nada. Todos quienes tienen confirmación de irregularidades, deben sufrir las consecuencias conforme a derecho.
