Más de US$ 3 millones (G. 23.848 millones) fueron embolsillados indebidamente por los directivos de la Cooperativa Multiactiva de Ahorro, Crédito, Servicios, Producción, Consumo y Trabajo de la Itaipú Binacional (Ameebi), dejando sin ahorros a cientos de socios, en su mayoría personas de la tercera edad. A pesar de las denuncias, la causa sigue estancada en los tribunales debido a maniobras dilatorias de la defensa y a la morosidad judicial. El caso ya está en tribunales hace más de cinco años y la defensa de los acusados busca la prescripción de la causa mediante absurdas e inadmisibles chicanas y argucias jurídicas.
El abogado Lulio Vicente Gamarra, representante legal de 16 víctimas, explicó que la causa se encuentra en la Cámara de Apelaciones hace unos ocho meses, sin ningún avance. «Estamos bajo dos fuegos: por un lado, la defensa, que utiliza chicanas para retrasar el proceso, y por otro, la lentitud del sistema judicial», afirmó.
La Ameebi fue creada en la década del 2010 y operó normalmente hasta el 2017, cuando comenzaron a detectarse irregularidades. Al año siguiente, el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) intervino y encontró un «agujero financiero» de más de US$ 3 millones, derivado de la mala administración y el desvío de fondos.
El 28 de mayo de 2019, el Instituto Nacional de Cooperativismo retiró la autorización para operar y canceló la inscripción de la Cooperativa Multiactiva Ameebi, mediante el informe final de la intervención, que advirtió sobre la delicada posición económica financiera de la entidad, con un patrimonio neto negativo y elevado endeudamiento externo con altos costos financieros. Luego de reunir los elementos de sospechas, el fiscal Alcides Giménez resolvió la imputación de los acusados por apropiación y lesión de confianza. En febrero de 2020, tras completarse los 6 meses de plazo, el representante del Ministerio Público formuló la acusación y solicitó la elevación de la causa a juicio oral. Pero hasta el momento no fueron a juicio, debido a las constantes chicanas de la defensa de los procesados. Entre los acusados figuran Ángel Darío Orué Ayala (presidente), Cándido Waldermar Benítez (vicepresidente), Darío Fernández (secretario), Aldo David Acosta Brítez (tesorero) y Matías Garay Oviedo (gerente general). Cabe mencionar que Aldo David Acosta es hermano de la polémica e improductiva diputada colorada Liz Acosta.
VÍCTIMAS SIN RESPUESTAS
Entre los afectados se encuentran adultos mayores que confiaron sus ahorros de toda la vida en certificados de depósito a plazo (CDA). «Hay clientes que perdieron hasta 1.500 millones de guaraníes. Sus aportes desaparecieron, y a la fecha, nadie les da una solución», lamentó Gamarra.
El abogado señaló que el Ministerio Público, a cargo del fiscal Santander en Hernandarias, reunió las pruebas necesarias, incluyendo pericias técnicas contables y de gestión. Sin embargo, la Fiscalía no tomó la iniciativa en algunos procedimientos clave, lo que, según el querellante, demuestra una falta de diligencia.
ESTRATEGIA DE LA DEFENSA: DILATAR HASTA LA PRESCRIPCIÓN
Gamarra denuncia que la defensa busca dilatar el proceso hasta que prescriba. «Si no logramos llegar pronto al juicio oral y público, este caso quedará impune, y los afectados perderán su dinero para siempre», advirtió. El proceso judicial, iniciado en 2020, se ha visto afectado por constantes cambios de fiscales y jueces, debido a las recusaciones de la defensa, además de la paralización generada por la pandemia. «Después de tantos años, aún no hay una condena. Es indignante que la justicia permita este tipo de maniobras», concluyó el abogado. Las víctimas de esta estafa esperan que la Cámara de Apelaciones destrabe el caso para avanzar hacia un juicio oral y finalmente obtener justicia.
