Los recientes y contundentes hallazgos de corrupción en el Colegio Nacional “Juana María de Lara”, en Ciudad del Este, exigen una respuesta inmediata por parte de las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias. La encargada de despacho de la institución, Lic. Mirian Santacruz, enfrenta acusaciones graves que incluyen falsificación de firmas, malversación de fondos y cobros indebidos, entre otras irregularidades.
La necesidad de intervención del Ministerio Público y del MEC es ineludible. Los documentos obtenidos, que ya fueron presentados ante instancias superiores, revelan un patrón de conducta fraudulenta que ha perdurado durante al menos tres años. Las denuncias han sido respaldadas con pruebas contundentes y exigen una investigación seria y exhaustiva.
Padres de familia preocupados presentaron las denuncias en febrero pasado, instando a las autoridades a actuar con celeridad ante la gravedad de las acusaciones. La falta de rendición de cuentas sobre el uso de fondos provenientes del Ministerio de Educación y Ciencias y las falsificaciones de firmas en documentos públicos son solo algunas de las irregularidades denunciadas.
Es crucial que el Ministerio Público investigue con seriedad estas denuncias, y que el Ministerio de Educación intervenga la institución educativa cuanto antes. Además, es importante destacar que este tipo de irregularidades no se limitan a un solo colegio, sino que podrían estar ocurriendo en otras instituciones educativas. Es responsabilidad de las autoridades garantizar la transparencia y la legalidad en la gestión de los recursos destinados a la educación de nuestros jóvenes.
LAS DENUNCIAS
Cabe apuntar que las acusaciones apuntan a que la Lic. Mirian Santacruz presentó documentos relacionados a su gestión con firmas de los representantes del Equipo de Gestión de la Institución Educativa, que habrían sido falsificadas. Según el ex presidente del EGIE, Luis Aguayo, nunca tuvieron alguna rendición de cuentas sobre el uso de los fondos de gratuidad recibidos por Santacruz, y tampoco se han observado mejoras.
El Equipo de Gestión de la Institución Educativa es conformado por un representante docente, un estudiante y la encargada de despacho en cuestión, Lic. Mirian Graciela Santacruz Almirón. Aguayo, cuya firma fue falsificada, ocupó el cargo entre 2020 y 2022, indicando que en dicho periodo no recibieron ningún tipo de informe o rendición sobre los fondos de gratuidad, que cada año recibía el colegio mencionado. De acuerdo a los datos, también se falsificó la firma de la representante de los docentes del EGIE, Blanca Zunilda Argüello.
Estos documentos inclusive fueron presentados a la Supervisión zonal para justificar los gastos, lo cual se configura en el hecho punible de uso de documento público de contenido falso, que prevé penas carcelarias de 4 a 8 años.
